Dividir a Telmex es el fracaso de la reforma en telecomunicaciones

 

Por fin el IFT dio a conocer la resolución del plan final de división de Telmex, después de una votación que no fue unánime y que mostró la ruptura de opinión al interior del regulador referente a la aplicación de una sobrerregulación, que, según expertos en la materia, no aportará nada en beneficio de los consumidores, ni a favor de los demás concesionarios del sector.

 

El comunicado que dio a conocer el IFT el pasado miércoles 28 de febrero, en el que explicaba a grandes rasgos la definición de la resolución de la división de Telmex, presume que se han seguido normas de primer mundo, entre ellas, copiar el “exitoso modelo de separación de British Telecom de Reino Unido”. Dicho modelo, ha sido señalado por especialistas en la materia, como todo lo que no se debe hacer en una división funcional, además, de ser un modelo caduco y retrógrada. Por lo anterior, esto debiera de preocupar a la totalidad de la sociedad mexicana, pues, podríamos ver en Reino Unido, un espejo de desinversión en el insipiente mercado de las telecomunicaciones mexicanas.

 

No se trata de consumar en panfletos o retórica las razones por las que creo equivocas las decisiones del regulador, se trata, de encontrar la justificación regulatoria con la que los comisionados del IFT votaron a favor de la división de Telmex y, encontrar la razones por las que no se realzaron los estudios de impacto regulatorio económico, laboral y sobre todo el efecto en los consumidores, es decir, ¿porqué sin estudios técnicos previos se tomó una decisión?

 

Es aquí donde se puede afirmar que el Instituto decidió de forma política y no de manera técnica, emitiendo una resolución en la que los operadores no preponderantes seguirán recibiendo beneficios extras de la regulación y dejando al regulado (Telmex) en una situación inviable y, buscando de donde sacar un retorno de capital para sustentar la operación; sin embargo, el regulador no quiso tomar en cuenta esta problemática que hoy encuentra frente a sí, además, de las afectaciones laborales de las que el IFT estaba completamente informado, pero, desdeñó con gran prepotencia.

 

Otro asunto referente a este tema, radica en que comisionados del IFT, en declaraciones a la prensa han dicho que, Telmex no podrá ofertar servicios de convergencia a pesar de la separación, esto derivado de que seguirá con preponderancia. Se suponía, que dicha condición desaparecería al momento de la división de la entidad dedicada a ofertar los servicios mayoristas y, la división minorista de la empresa, podría ofertar televisión restringida, así como, los servicios denominados de convergencia como telefonía fija, banda ancha y demás; sin embargo, la consigna del regulador perece ser la de no dejar a Telmex competir de forma equitativa en el sector, dejando a Grupo Televisa, como el único que puede ofertar estos servicios.

 

Se supone, que la regulación extrema de la división funcional tiene como objetivo la no discriminación en la oferta de infraestructura y acceso a la red de los demás operadores del mercado, pero, en este caso se trata de una sobrerregulación intrusiva que controla desde el pleno del IFT los destinos de viabilidad de Telmex, así como, el posible conflicto laboral en el que se puede incurrir en caso de que las condiciones regulatorias no cambien o en su defecto, sean más moderadas al momento de ejecutarse. El problema es que no están dejando mucho margen de maniobra que está afectando directamente los ingresos y el patrimonio del agente denominado como preponderante.

 

Los efectos del neoliberalismo en las telecomunicaciones, ha causado la transformación del mercado en uno de aguerrida competencia, por ello, la creación de los reguladores del sector, que no están en contra del capital, sino todo lo contrario. Posiblemente el mal entendido que existe en México es derivado de la verdadera falta de autonomía del órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión, puesto que, en el caso de su comisionado presidente, es más que obvia la obediencia que tiene hacía con las altas esferas del gobierno en turno, relacionado hasta el tuétano con la empresa televisora más grande del país y, el presidente del Instituto, Gabriel Contreras debiéndole su puesto al ex jefe del departamento jurídico de la presidencia de la República, Castillejos, hombre que cabildeo en el Senado la reelección como comisionado presidente de Gabriel Contreras en el IFT.

 

La triste realidad es que nos encontramos ante un acto más de “amiguismos gubernamentales” en este sexenio. No importa el número de afectados que resulten de las decisiones políticas poco sustentadas del IFT, lo que importa en este momento crucial de la historia, es pagar a la empresa Televisa los favores recibidos y, los que posiblemente podría realizar durante este próximo periodo electoral, además, el subsidio que Telmex a aportado a los demás competidores como AT&T, empresa que resulta ser la más grande del sector a nivel mundial, pero que en México ha endurecido su postura en relación a temas como la “Tarifa Cero” o, el acceso a la red de Telmex sin tener que pagar nada o en su defecto, muy poco.

 

La realidad es cruda y en estos momentos muestra que el pleno del IFT tomó decisiones regulatorias injustificadas en contra de Telmex, además de que, 3 de los comisionados se encontraban fuera del país durante el pleno del martes 27 de febrero, se sabe que los estudios de impacto económico regulatorio no fueron realizados, por ende, la decisión no tiene justificación regulatoria. Los comisionados del regulador han actuado de forma irresponsable deliberadamente, además, de que en el sector de las telecomunicaciones no hay nadie contento con esta resolución.

 

No hay duda de que el regulador se encuentra ante la delgada línea del conflicto de interés y aunque el cinismo de estos servidores públicos es grande, no se debe dejar a la deriva un tema crucial como el futuro digital de México en manos de intereses empresariales del sector.

 

De ninguna manera es congruente la decisión de dividir a Telmex cuando hay cerca de 50 millones de mexicanos en la desconexión, en la no inclusión digital que, según la carta magna en el artículo sexto, tienen derecho al acceso a la red y por supuesto, a las nuevas tecnologías de información y la comunicación; sin embargo, con este tipo de decisiones sin sustento, la meta trazada por la reforma será un fracaso más de este sexenio.

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