Espiar a periodistas y defensores no constituye un hecho de corrupción: SNA

 

El espionaje político, primer escándalo de corrupción peñanietista con resonancia internacional desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue desestimado por este organismo, luego de que sus integrantes decidieron que intervenir las comunicaciones de defensores de derechos humanos y periodistas no constituye un hecho de corrupción.

 

En la primera prueba para el recién creado SNA hay de antemano un contrasentido, pues Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, es una de sus integrantes, pero en su etapa al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) fue cuando se adquirió uno de los paquetes del software espía conocido como Pegasus.

 

De hecho, Gómez fue una de las que votaron en contra de la moción, lo mismo que el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas; el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Carlos Chaurand, y Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal.

 

El comité ciudadano del SNA, a través de Jaqueline Peschard –la única que votó a favor–, propuso que se hiciera un exhorto a las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas, para que hicieran llegar los expedientes de compra con contratistas de seguridad. En síntesis, intervenir en el asunto.

 

Sin embargo, los miembros del SNA rechazaron mayoritariamente la propuesta bajo el argumento de que no existen evidencias de corrupción, y dijeron que dejarían en manos de la PGR y el futuro fiscal anticorrupción la indagatoria correspondiente.

 

La propuesta realizada por el comité ciudadano enfatizaba la relevancia del caso al considerar que podría implicar graves violaciones a los derechos humanos.

 

Para el comité coordinador, en palabras de Pérez Daza, la intervención de comunicaciones sin orden judicial no constituye un hecho de corrupción, y Chaurand abundó que el espionaje no está “ni remotamente probado”.

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